Cassandra Vera en el juicio por los tuits sobre Carrero Blanco (2017).

La transfobia institucional se ha hecho patente cuando la Fiscalía, en su proceso contra la joven trans Cassandra Vera por unos chistes en twitter, ha dictaminado “ocultarse bajo el pseudónimo Cassandra”.



Recordemos que Cassandra Vera fue condenada a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por chistes sobre la muerte de Carrero Blanco. Si ya de por sí la condena es desmesurada y roza la incredulidad, la Fiscalía ha manifestado que ‘Cassandra’ era el pseudónimo con el que supuestamente ocultaba su anonimato…

Lo que ha hecho la Fiscalía es, básicamente, negar la identidad de una persona trans, incidiendo en el estigma y la falta de respeto no solamente hacia la acusada, sino a todas las que pueden venir después.

De ahí la necesidad de una Ley Trans Estatal que evite estas situaciones, mejore la situación de las personas trans en nuestro país y cumpla de una vez la deuda que el colectivo LGTBI tiene (tenemos) con la T.

A pesar de que Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia cuenten con sus propias legislaciones autonómicas que reconocen el derecho de la libre determinación de la identidad y expresión de género; una Ley Trans Estatal ayudaría a una toma de consciencia ya no sólo por parte de los letrados, sino también para la sociedad y los medios de comunicación, que la identidad es inamovible a cómo se identifica uno mismo.

La transfobia institucional

No sólo es Cassandra. Es el silencio cómplice ante los autobuses de Hazte Oir. Es la inacción de la derecha cuando COPE incita al odio porque una travesti irá en una cabalgata. La transfobia institucional no camparía a sus anchas si este gobierno dejara de imponer su binario identitarismo. El silencio es cómplice para que germine la intolerancia de la transfobia en la sociedad.

Finalmente, los colectivos trans ha instado al grupo parlamentario Unidos Podemos a presentar la Ley Trans Estatal. Su aprobación supondría el contrapeso al denigrante trato en distinto ámbitos sociales o laborales; a que se puedan dictaminar mejor los delitos por transfobia, o erradicar cualquier tipo de discriminación por identidad sexual o expresión de género.